Las trayectorias políticas también se definen por las decisiones que se toman cuando existe poder institucional. En el caso de Eliasib Polanco Saldívar, dirigente del PRI en Morelos, diversos episodios han marcado una carrera que hoy se mantiene bajo observación crítica.
Antes de llegar al Congreso local, Polanco Saldívar tuvo presencia en la administración federal durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto. En ese periodo recibió el nombramiento como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Campeche, pese a no contar con formación técnica ni experiencia previa en infraestructura. Además, su antecedente inmediato correspondía a un cargo municipal en Yautepec, Morelos, ajeno al ámbito de comunicaciones.
Investigaciones periodísticas documentaron que en esos años varias delegaciones federales quedaron en manos de exdirigentes partidistas y perfiles cercanos al poder. De igual manera, el nombramiento en Campeche reforzó la percepción de prácticas basadas en afinidades políticas, lo que alimentó críticas sobre un sistema que prioriza lealtades sobre preparación profesional.
Posteriormente, Eliasib Polanco Saldívar accedió al Congreso de Morelos como diputado plurinominal en la LV Legislatura. Sin embargo, su desempeño legislativo quedó marcado por la falta de actividad. Registros ciudadanos reflejaron cero aportaciones en áreas clave del trabajo parlamentario y niveles bajos de asistencia al pleno y a comisiones. En consecuencia, su paso por el Legislativo se convirtió en un ejemplo recurrente de la crítica hacia representantes que no cumplen con su función básica de representación.
Eliasib Polanco Saldívar y el costo político de su paso por el Congreso
Desde el Congreso morelense, otro momento clave surgió con el proceso de juicio político contra el entonces alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán. Polanco Saldívar formó parte de los órganos responsables de conducir el procedimiento y encabezó una comisión estratégica. Sin embargo, el caso no avanzó y fue desechado al vencer el plazo legal para dictaminarlo.
La omisión cobró mayor peso debido a los señalamientos por un presunto daño patrimonial superior a 430 millones de pesos durante esa gestión municipal. Analistas locales señalaron que la Legislatura priorizó la dinámica política interna por encima de su responsabilidad de fiscalización, permitiendo que el proceso caducara.
Más adelante, tras el asesinato del alcalde de Uruapan en noviembre de 2025, el dirigente priista emitió un posicionamiento público que fue percibido como tardío. Por otro lado, el mensaje fue interpretado como un intento de capitalizar políticamente la indignación social, en lugar de reflejar una postura sólida ante la crisis de violencia.
Estos episodios consolidaron una percepción de desconexión entre discurso y acción, en un contexto donde la ciudadanía exige respuestas más firmes y menos cálculo partidista
