El Senado debatirá este jueves una reforma que podría modificar de forma importante el mercado de tierras rurales en Argentina. La iniciativa impulsada por el Gobierno propone eliminar las restricciones que actualmente limitan la compra de campos por parte de inversores extranjeros, al considerar que esas normas desalientan proyectos productivos y frenan la llegada de capital.
La propuesta forma parte del paquete legislativo sobre inviolabilidad de la propiedad privada y ya abrió un intenso debate entre especialistas, productores y representantes del sector agropecuario.
Argentina plantea atraer inversiones con una nueva reforma
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el proyecto al afirmar que la Ley de Tierras Rurales, vigente desde 2011, contradice el principio constitucional que otorga los mismos derechos civiles a nacionales y extranjeros.
Según el funcionario, las restricciones actuales han impedido el desarrollo de inversiones millonarias, especialmente en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia, donde existen proyectos forestales y agroindustriales que requieren grandes extensiones de tierra.
La reforma elimina los límites para compradores privados extranjeros, pero endurece los controles sobre gobiernos extranjeros, empresas estatales y sociedades bajo su control. En esos casos, cualquier adquisición necesitará una autorización específica y las autoridades sancionarán los intentos de eludir la norma mediante testaferros.
Actualmente, la legislación establece que los extranjeros no pueden superar el 15 % de las tierras rurales del país y fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Además, prohíbe vender campos ubicados junto a cuerpos de agua permanentes, glaciares o áreas fronterizas.
Especialistas consideran limitado el impacto inmediato
De acuerdo con datos oficiales, Argentina cuenta con 266,7 millones de hectáreas rurales, de las cuales cerca de 16,2 millones pertenecen a propietarios extranjeros, equivalente a alrededor del 6 % del total, muy por debajo del límite permitido por la ley vigente.
Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural (CAIR), explicó que el verdadero impulso al valor de los campos dependerá más de la rentabilidad del sector que de la flexibilización para compradores extranjeros.
El especialista sostuvo que medidas como la eliminación de retenciones, reglas económicas estables y mayor previsibilidad podrían acercar el precio de la tierra argentina a los valores registrados en países vecinos como Uruguay y Brasil, donde una hectárea agrícola puede costar incluso el doble o el triple.
Por su parte, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, consideró que la reforma podría facilitar inversiones de largo plazo en proyectos forestales, sistemas de riego y cultivos permanentes como pistachos, almendros y nogales, actividades que requieren varios años antes de generar rentabilidad.
Nordheimer agregó que los grandes fondos internacionales suelen trabajar junto a productores y administradores locales, lo que permitiría desarrollar proyectos con conocimiento argentino y generar un impacto económico dentro del país.