Estados Unidos endurece acciones contra el Cartel Jalisco
Estados Unidos reforzó su estrategia para perseguir al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con un aumento de recompensas, nuevas investigaciones y acciones dirigidas a debilitar las finanzas de la organización. El anuncio reunió a representantes del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y otras agencias federales, que reiteraron su objetivo de capturar a los principales líderes del grupo criminal y cortar sus fuentes de ingresos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington mantendrá la presión hasta desmantelar la estructura del CJNG. Además, la DEA afirmó que aplicará la misma estrategia que utiliza contra el Cartel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses elevaron a 25 millones de dólares la recompensa por Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El Pelón, identificado como uno de los principales dirigentes del Cartel Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho.
El Departamento de Justicia también ofrece hasta 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como El Sapo, y por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias Chorro. Otros integrantes de la organización, como Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela, enfrentan recompensas de hasta 10 millones de dólares.
La DEA también confirmó que investiga a funcionarios mexicanos que, según sus pesquisas, facilitarían las operaciones del grupo mediante actos de corrupción. Aunque la agencia aseguró que ya identificó a varios involucrados, evitó revelar nombres o presentar nuevas acusaciones públicas.
Las autoridades estadounidenses atribuyen al Cartel Jalisco un fraude con tiempos compartidos que, entre 2019 y 2023, habría generado pérdidas superiores a 400 millones de dólares para más de 6,000 ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, operadores instalados principalmente en Puerto Vallarta utilizaban centros de llamadas, sitios web falsos y supuestos asesores inmobiliarios para convencer a las víctimas de enviar dinero mediante pagos por impuestos o tarifas inexistentes.
Además, Washington busca cortar el flujo de recursos que sostiene a la organización. Las investigaciones incluyen operaciones de lavado de dinero mediante criptomonedas, transferencias bancarias y otros mecanismos financieros utilizados para mover ganancias obtenidas por el narcotráfico y el fraude.
Funcionarios estadounidenses sostuvieron que seguirán rastreando los recursos económicos del grupo dentro y fuera de México, con el objetivo de afectar su capacidad operativa y limitar su expansión internacional.
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