El proyecto con bitcoin impulsado por Nayib Bukele afronta otro giro en El Salvador. Su Gobierno aceptó limitar nuevas adquisiciones dentro del acuerdo financiero con el FMI.
El Fondo informó que la propiedad mayoritaria y el control de más de 7.763 bitcoins pasaron a un operador privado. Los activos estaban valorados en más de 632 millones de dólares.
Nayib Bukele mantiene una participación minoritaria
El Gobierno conservará una participación minoritaria y responsabilidades de custodia. Sin embargo, el FMI no identificó al operador privado ni explicó públicamente las condiciones de la transferencia.
La medida forma parte de la tercera revisión del programa por 1.400 millones de dólares acordado en 2025. Además, el Ejecutivo se comprometió a detener nuevas acumulaciones mediante recursos públicos.
El FMI sostiene que las adquisiciones recientes procedieron de donaciones privadas. La Oficina Nacional de Bitcoin reportó 1.714 unidades adicionales después del acuerdo, aunque las autoridades no identificaron públicamente a los donantes.
El proyecto perdió parte de su alcance original
El Salvador modificó en enero de 2025 su legislación y retiró la obligatoriedad de aceptar bitcoin. Esa reforma respondió a compromisos asumidos para avanzar con el programa financiero internacional.
La estrategia había requerido un fideicomiso público de 150 millones de dólares. También destinó 30 dólares a cada usuario de Chivo Wallet y recursos adicionales para cajeros e infraestructura.
La administración de los activos ha enfrentado cuestionamientos por falta de transparencia. Las reservas de bitcoin tampoco aparecen dentro de las cuentas de reservas internacionales administradas por el Banco Central.
El experimento tampoco alcanzó la adopción prometida. Encuestas citadas durante su implementación mostraron un amplio rechazo ciudadano y un uso limitado después del incentivo inicial.
La transferencia comprende más de 7.763 bitcoins y representa el cambio más reciente de una política que convirtió a El Salvador en referente mundial de adopción estatal de criptomonedas.
