La disputa por el agua del río Colorado abrió un nuevo conflicto entre el Gobierno de Donald Trump y los estados de Arizona, California y Nevada. Las nuevas restricciones federales contemplan fuertes reducciones para la cuenca baja y Nevada ya presentó una demanda contra la Administración.
El estado sostiene que el recorte equivale a casi tres cuartas partes de su suministro y acusa al Gobierno federal de no evaluar adecuadamente las consecuencias económicas para Las Vegas, Boulder City y Henderson.
La disputa llega después de unos 25 años de sequía y reducción de los caudales. El sistema abastece a unos 40 millones de personas, permite regar cerca de 2.2 millones de hectáreas y genera electricidad para aproximadamente seis millones de habitantes. Una parte del agua también llega a México mediante el Tratado de Aguas de 1944.
El río Colorado enfrenta niveles críticos en sus embalses
El último invierno empeoró las condiciones. La acumulación de nieve fue la segunda más baja desde que existen registros y las altas temperaturas aumentan las pérdidas por evaporación.
Los lagos Powell y Mead, fundamentales para almacenar agua dentro del sistema, se encuentran aproximadamente al 23% y 27% de su capacidad, respectivamente.
Entre 2000 y 2025, el Colorado registró un caudal promedio de 12.16 millones de acres-pie anuales. Expertos de la Universidad Estatal de Arizona consideran necesario reducir el consumo en al menos tres millones de acres-pie cada año.
Las nuevas reglas del Departamento del Interior obligan a Arizona, California y Nevada a reducir conjuntamente 21% del suministro durante 2027 y 2028, con posibilidad de restricciones adicionales posteriormente. Los estados de la cuenca alta no afrontarán recortes equivalentes.
Arizona y California también cuestionan los recortes
Nevada argumenta en su demanda que la Administración Trump violó las normas que regulan el reparto del agua, realizó un análisis insuficiente sobre los efectos de las restricciones e ignoró las consecuencias para usuarios municipales, industriales y para la economía estatal.
California y Arizona también consideran que los sacrificios deben distribuirse entre los siete estados que comparten la cuenca.
El gobernador de California, Gavin Newsom, sostuvo que cualquier solución de largo plazo requiere la participación de todos los estados. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, expresó una posición similar.
El conflicto judicial comienza mientras los estados intentan encontrar una nueva fórmula para distribuir un recurso cuyo suministro continúa disminuyendo.
