El Gobierno de Colombia prepara nuevas reglas para permitir la intervención policial dentro de los campus públicos cuando las autoridades detecten hechos violentos. El presidente Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional que establecerá las condiciones para estos operativos.
La iniciativa distinguirá las protestas pacíficas de situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. El mandatario aseguró que las movilizaciones realizadas dentro de la Constitución y la ley mantendrán garantías.
Policía podrá intervenir en universidades ante hechos violentos
De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria reconocida en el artículo 69 de la Constitución mantiene su alcance académico y administrativo. Sin embargo, afirmó que ese principio no coloca a los campus fuera de las normas de seguridad.
El presidente señaló que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa frente a situaciones que requieran intervención. La medida contempla actuar cuando las autoridades detecten preparación de ataques, almacenamiento de elementos destinados a hechos violentos o agresiones contra ciudadanos y agentes.
Asimismo, rechazó considerar como protesta el vandalismo, la destrucción de infraestructura, los ataques contra la fuerza pública y lo que su administración califique como terrorismo urbano.
Gobierno promete mantener garantías para protestas pacíficas
El mandatario afirmó que el protocolo busca proteger a estudiantes interesados en estudiar, debatir o manifestarse pacíficamente. También aseguró que la autonomía de las instituciones educativas “no está en discusión”.
La propuesta abre un debate sobre los límites entre la autonomía universitaria, el derecho a la protesta y las facultades estatales para preservar el orden público.
De la Espriella endureció además su mensaje contra quienes utilicen instalaciones educativas para cometer actos violentos. Aseguró que su administración permitirá el ingreso de las autoridades cuando considere necesaria su intervención.
El Gobierno deberá ahora establecer mediante el protocolo los criterios que diferenciarán una movilización protegida de una situación que justifique la actuación policial dentro de los campus.
