Disputa electoral por las nuevas reglas del Servicio Postal
La administración de Donald Trump llevó nuevamente ante la Corte Suprema una disputa que podría modificar el manejo electoral en Estados Unidos. El Gobierno busca aplicar nuevas reglas postales antes de las elecciones intermedias de noviembre.
El Departamento de Justicia pidió este jueves una intervención de emergencia para levantar el bloqueo impuesto por la jueza federal Indira Talwani. La medida afecta requisitos diseñados por el Servicio Postal para procesar boletas electorales.
Las disposiciones exigen sobres con características específicas, códigos de barras individuales y listas estatales de votantes cargadas en un portal federal. El Servicio Postal podría retener boletas cuando los estados incumplan determinados requisitos.
La administración considera modestos estos cambios y sostiene que no desplazan la autoridad electoral estatal. Sin embargo, estados gobernados por demócratas y organizaciones defensoras del voto cuestionan su legalidad.
Además, funcionarios electorales advierten que queda poco tiempo para rediseñar sobres, modificar sistemas y capacitar trabajadores. Algunos estados comenzaron ya a preparar sus primeros envíos.
El alto tribunal, con mayoría conservadora de seis contra tres, permitió en agosto avanzar con partes del decreto presidencial. Sin embargo, los magistrados no resolvieron entonces la legalidad definitiva de las políticas.
La controversia aumentó después de que un denunciante alertara sobre problemas potencialmente graves en el nuevo sistema informático. Según su reporte, errores técnicos podrían impedir la entrega de grandes cantidades de boletas.
Talwani consideró previamente que las nuevas exigencias probablemente resultan inconstitucionales y prácticamente imposibles de implementar para noviembre. Este jueves volvió a cuestionar la preparación gubernamental durante una audiencia.
La disputa ocurre aproximadamente dos meses antes de las elecciones intermedias. El Servicio Postal publicó su regla definitiva en agosto, mientras 24 estados demócratas y Washington D.C. impulsaron otra demanda para impedir su aplicación.
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