La situación de los veteranos inmigrantes en Estados Unidos ha vuelto a generar preocupación tras los cambios implementados por la administración del presidente Donald Trump. Organizaciones de apoyo advierten que decenas de exmilitares enfrentan procesos migratorios pese a haber servido en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Uno de los casos más representativos es el de Cesar López, un exmarine que desde Las Vegas impulsa iniciativas para apoyar a veteranos deportados y evitar que más militares retirados enfrenten el mismo destino.

Veteranos denuncian el aumento de deportaciones

Cesar López asegura que decidió enlistarse en los Marines inspirado por el deseo de servir al país que recibió a su familia, originaria de Durango, México. Sin embargo, con el paso de los años descubrió que el servicio militar no garantiza protección frente a una posible deportación.

Desde hace más de una década coordina la comunidad Unified US Deported Veterans Las Vegas “The Barracks”, donde orienta a exmilitares que atraviesan procesos migratorios.

Las cifras reflejan la preocupación. Una carta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reveló que la agencia arrestó a 125 veteranos entre enero de 2025 y enero de 2026. Además, cerca de 300 exmilitares o familiares directos enfrentaban procedimientos de deportación.

Especialistas recuerdan que muchos extranjeros ingresan al ejército como residentes permanentes legales y posteriormente solicitan la ciudadanía estadounidense, aunque algunos nunca completan ese proceso.

El trauma militar también agrava la situación

Diversos defensores sostienen que muchos veteranos desarrollan problemas de salud mental derivados del servicio, lo que puede provocar consumo de sustancias, dificultades para reintegrarse a la vida civil y problemas legales que terminan afectando su situación migratoria.

López relató que pasó décadas sin recibir atención adecuada para tratar las secuelas psicológicas que le dejó su paso por los Marines. Apenas este año obtuvo los beneficios por discapacidad que, además del apoyo económico y médico, fortalecen su situación legal.

El caso de Patrick Baja también ha llamado la atención. El veterano de los Marines vio cómo las autoridades deportaron a su esposa, Diana Butnarciuc, tras una entrevista migratoria, pese a que ella no contaba con antecedentes penales. La medida obligó a la familia a separarse por al menos diez años.

Organizaciones nacionales continúan solicitando reformas que otorguen mayores garantías migratorias a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al considerar que muchos de ellos enfrentan consecuencias desproporcionadas después de haber prestado servicio militar.

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