El creador mexicano Samuel Adrián fue detenido al llegar al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. La medida no corresponde a una acusación penal por producir su documental Colombia: fábrica de niños trans, sino a una sanción judicial por desacato.
El procedimiento deriva de una controversia por contenidos relacionados con Mario Angulo, endocrinólogo pediatra vinculado a la Fundación Valle del Lili. Adrián conocía previamente la orden y había anticipado públicamente que podía ser detenido.
Samuel Adrián y las críticas a su documental
El documental cuestiona la atención médica que reciben menores trans en Colombia. Sin embargo, organizaciones y activistas LGBTIQ+ han señalado que algunas afirmaciones construyen una imagen distorsionada de estos procesos.
Volcánicas documentó, por ejemplo, una afirmación según la cual 78% de determinados procedimientos ocurrirían en menores de siete años. El medio no encontró evidencia que respaldara esa cifra y contrastó el planteamiento con estudios sobre intervenciones quirúrgicas.
También cuestionó conceptos como el supuesto “contagio trans” y la presentación de la atención afirmativa como un camino prácticamente directo hacia intervenciones médicas.
La transición infantil no equivale automáticamente a cirugía
Este punto resulta relevante porque la transición durante la infancia puede comenzar únicamente en el ámbito social, mediante cambios de nombre, expresión o pronombres. La atención médica depende de edad, desarrollo y evaluación clínica.
La propia experiencia documentada de la Fundación Valle del Lili muestra participación de equipos multidisciplinarios. Investigaciones sobre su clínica pediátrica describen acompañamiento a menores y familias, mientras sentencias colombianas documentan evaluaciones de endocrinología, psicología y psiquiatría en procesos de afirmación de género.
Por ello, presentar las infancias trans principalmente alrededor de cirugías puede reforzar tabúes y confundir distintas etapas de transición.
Adrián sostiene, por su parte, que su trabajo busca cuestionar protocolos médicos y defiende mantener disponible la investigación como un asunto de libertad de expresión.
La sanción reportada contempla 10 días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos colombianos.
